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1 feb. 2017

Abusos en 25: el fallo que condena a los docentes

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa dio a conocer esta tarde el fallo de la condena a los cuatro docentes de 25 de Mayo por abuso sexual contra tres chicos del Jardín de Infantes 12. Tres de los docentes fueron condenados por haber abusado de los menores, en tanto que una de las maestras jardineras fue condenada por no haber cuidado a los niños.

En este juicio se analizaron los abusos a seis niños del Jardín de Infantes 12. Finalmente, según los jueces, se comprobó el abuso de los docentes a tres de ellos. 

Los abusadores fueron tres: Marcelo Tatavitto Roade, Oscar Aníbal López y Gabriela Angélica Bastías, siempre según los jueces.

Tatavitto, de 54 años, fue condenado a 18 años de prisión por la autoría de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de un menor (artículos 45 y 119, segundo párrafo y cuarto párrafo inciso a) del Código Penal), abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otro niño (45 y 119, segundo párrafo) y por su participación en el abuso sexual gravemente ultrajante de un tercer menor (45 y 119, segundo párrafo); todos hechos que deben concursar en forma material. Las víctimas fueron tres alumnos de cuatro años.

Además el tribunal condenó a Oscar Aníbal López (55), por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de uno de esos tres alumnos (artículos 45 y 119, segundo párrafo) a siete años de prisión; y a Gabriela Angélica Bastías (35) por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de ese mismo niño (artículos 133 y 119, segundo párrafo), a siete años de prisión.

También condenó a María José Tello (30) a tres años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para desempeñar cualquier cargo público, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (45 y 248), en relación con los hechos que tuvieron como víctimas a esos alumnos.

A su vez absolvió a Tatavitto y Tello por hechos similares que fueran motivo de acusación con respecto a otros tres alumnos del JIN N° 12 por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de La Pampa, que especifica que en caso de duda razonable debe fallarse a favor del imputado.

En el caso de Tatavitto, el Tribunal explicó que se tuvo en cuenta como atenuante la falta de antecedentes penales. "Como agravantes, en primer lugar la escasa edad de las víctimas, todas ellas de cuatro años. También la extensión del daño; y no solo los estrictamente vinculados a los años, sino lo que la doctrina denomina ‘efectos colaterales’”, indicó. 

Además, consideró en contra de Tatavitto su condición de docente. “Puesto que existe con relación a ellos una mayor exigencia ética en su comportamiento. Independientemente de que los niños estuvieran o no –formalmente– a su cargo, lo cierto es que su función docente importa una mayor carga de responsabilidad frente a ellos y frente a la comunidad donde se ejerce la función (…) Los hechos ventilados, cometido por personas con funciones docentes, implica, además de la lesión a los derechos de los niños, un serio daño –irreparable– a la institución educativa y a la comunidad”, se explicó.  "Los especialistas psicólogos han dado cuenta de las consecuencias que estos actos tienen sobre los niños, muchos de los cuales aún no pueden valorarse en toda su dimensión que sobrevendrá definitiva con el tiempo –afirmaron los jueces–. Pero más allá de ello, los padres de los niños han dado cuenta de cómo sus hijos han visto alterada su vida cotidiana de relación con ellos. Al respecto, diversos autores –citados en el fallo–han dicho que 'un abuso sexual o un homicidio no sólo afectan la libertad sexual de la víctima, sino que pueden también incidir gravemente en la órbita de sus relaciones familiares'".

En tanto, para Tello la escala penal para el delito atribuido era de un mes a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo. A su favor, la carencia de antecedentes penales computables. En contra, la extensión del daño originado por su incumplimiento de los deberes y su condición de docente.

Por su parte, en el caso de López la escala penal para el delito atribuido iba de cuatro a diez años. Se le valoró a favor su falta de antecedentes penales y sus padecimientos físicos, que "solo le permiten su traslado mediante el uso de muletas, producto de una enfermedad en su niñez, lo que lo coloca en una condición vulnerable frente al sistema de encierro". En contra, la edad de las víctimas, la extensión del daño causado y su condición docente.

Finalmente Gabriela Bastías pudo recibir una pena de cuatro a diez años. Los jueces tuvieron en cuenta como una circunstancia atenuante su falta de antecedentes computables, y como agravantes, la edad de los niños, la extensión del daño causado y su calidad de docente, "aunque de un modo aún más notorio y evidente, por cuanto C era uno de los niños a su cargo en las circunstancias en la que se cometió el abuso sexual en su perjuicio".(Textual)
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