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19 dic. 2015

Mendoza: dicen que La Pampa debe millonario crédito y “agua potable”

El dinero, según un especialista, corresponde a “las regalías energéticas de los Nihuiles mal liquidadas”. El líquido vital, a que “se les entrega desde Punta del Agua a Santa Isabel desde 1992”.“Ante el largo conflicto entre La Pampa y Mendoza por el Río Atuel y el anuncio de endurecer el reclamo de esta provincia contra la nuestra, el especialista Aldo Guarino Arias destacó como necesario tener en cuenta algunas reflexiones que ‘superen los errores’ en este tema”, reza un artículo publicado este sábado por el diario de San Rafael.

Al respecto, Guarino aclaró: "La Pampa le debe a Mendoza un millonario crédito por las regalías energéticas de los Nihuiles mal liquidadas, nos deben también el agua potable para 6.000 personas que se les entrega desde Punta del Agua a Santa Isabel desde 1992".
El especialista señaló que si La Pampa quiere contar con un cupo de agua el día de mañana, "tiene que ir pensando en las inversiones que debe realizar tanto en el trasvasamiento como en la conducción hasta el límite de ambas provincias, para evitar el desaprovechamiento que significa un recorrido de 130 km en una zona sumamente permeable, donde el río se pierde en una desembocadura endorreica".
En cuanto al marco legal, señaló que “debemos recordar la parte dispositiva de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1987, la que establece, entre otras cosas, declarar que el río Atuel es interprovincial y que el acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y la provincia de Mendoza el 17 de junio de 1991 no tiene efecto vinculatorio para la provincia de La Pampa".
"Estamos en presencia de una sentencia meramente declarativa. Es la sentencia que, por limitarse a un simple pronunciamiento sobre una materia de hecho o de derecho no produce efectos constitutivos ni de condena", agregó. "Por mi parte, sostengo que esa declaración es "virtual" porque expresa un hecho que en territorio pampeano no tiene presencia física", apuntó.
Guarino sostuvo que “la sentencia establece rechazar la acción posesoria promovida por la provincia de La Pampa y las pretensiones de que se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias, siempre que Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales sobre la superficie ". En este punto, Guarino explica que la inexistencia del curso perenne de agua en territorio pampeano quedó demostrada en el juicio”.
"El agua llegaba a La Pampa en circunstancias extraordinarias. Pero más allá de este fenómeno natural, la propia Corte le negó a La Pampa su pretensión de regular los usos compartidos del agua", subrayó.
Luego destacó el tercer punto de la sentencia: "exhortar a las partes a celebrar convenios tendiente a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre las bases de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta sentencia".
“Cuando la Corte usa la expresión ‘tendientes a regular los usos futuros’, señala que evidentemente se está refiriendo a la existencia de excedentes de agua después de cubrir el riego de las 75.671 hectáreas reconocidas a Mendoza”, indcó el especialista.
"Es absurdo insistir en la distribución de aguas de los actuales caudales del río Atuel, mientras no se entiende que se trata de un río de montaña con un régimen irregular", completó.
¿Qué deben hacer ambas provincias?
Frente a la exhortación de la Corte, Guarino evaluó que tanto Mendoza como La Pampa "deben reactivar la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior), organismo creado por convenio de ambas provincias en 1989, que preconiza la "Ejecución de las acciones destinadas a lograr en el río Atuel una oferta hídrica más abundante que permita la creación de nuevas áreas bajo riego".
Además, explicó que “los nueve representantes de cada provincia deberán abocarse al estudio de los recursos hídricos del río y estudiar, técnica y económicamente, su aprovechamiento”.
"Después de analizar las distintas posibilidades y otras que puedan surgir, no cabe ninguna duda que el trasvasamiento es el proyecto superador, suficientemente estudiado, económicamente posible, que permitiría el aprovechamiento integral del río Grande en materia energética y podría crear un polo de desarrollo regional en el centro del país", concluyó Guarino.
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