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30 dic. 2015

Cromañón: 11 años

Pasaron ya once años de la peor tragedia no natural de la historia argentina, cuando el 30 de diciembre de 2004, durante un show de la banda de rock Callejeros, se prendió fuego el boliche Cromañón, en el barrio porteño de Once.

La ambición por el dinero y la desidia del Estado le costó la vida a 194 personas y dejó 1400 heridos, en tanto que otras 17 se quitaron la vida más tarde, siendo el último de ellos Martín Cisneros, quien en febrero de este año puso fin a su propia existencia porque no soportaba los constantes ataques de pánico.
En septiembre último, el fallo de la Cámara de Casación Penal que revisó a instancias de la Corte las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Criminal 24, condenó a músicos, empresarios y funcionarios a penas que van desde los 2 hasta los 10 años y 9 meses de prisión. No obstante, aún resta conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Queda sin embargo el sabor amargo y un profundo dolor en los familiares de las víctimas, que mantienen firme el reclamo de Justicia: los responsables políticos también deben pagar.
La Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón realizó ayer un festival en la Plaza de los dos Congresos para conmemorar los once años de la tragedia y exigir el tratamiento del proyecto de ley de reparación integral para sobrevivientes y familiares, que ya tiene el aval de 60.000 firmas.
El proyecto, en el que la Coordinadora trabaja hace más de un año, busca que el Estado garantice cobertura médica y atención psicológica para los sobrevivientes y familiares, y que se impulsen políticas públicas para que las víctimas finalicen sus estudios secundarios y puedan reinsertarse laboralmente, explicó a la agencia Télam uno de los integrantes de la organización, Luciano Frangi.
A once años de la tragedia, la única ley vigente de reparación para las víctimas rige exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires -fue aprobada en noviembre de 2013 por la Legislatura porteña – y deja “de hecho” a muchos de los sobrevivientes y familiares sin atención ni contención, ya que “la mayoría de los chicos vive en provincia”, aseguró otro miembro de la Coordinadora, Martín Genauer.
La propuesta incluye la elaboración de un padrón completo y definitivo de las personas relacionadas con la tragedia, ya que el actual registro se basa en los beneficiarios del subsidio de 1.500 pesos que otorga el gobierno porteño a 1.800 sobrevivientes y 194 familiares, que son los que se empadronaron “durante los primeros meses posteriores” a la tragedia y que “luego se cerró”, comentó Frangi.
Este miércoles también se realizarán distintos actos en los que se rendirá homenaje a las víctimas, también con la premisa de concientizar a la población, como así también habrá pedidos de Justicia para los Callejeros. Uno de ellos será a las 18 en el Obelisco.
Casación confirmó el 21 de septiembre pasado la condena a 7 años de prisión para el líder y cantante de Callejeros, Patricio Fontanet; a 5 años para los músicos Juan Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado; a 3 para Horacio Cardell; y a 6 para el ex jefe de seguridad de Cromañón Raúl Villarreal.
También ratificó la condena a 4 años para la ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño Fabiana Fiszbin; a 3 años y 9 meses para el ex director adjunto de ese organismo Gustavo Torres; y redujo la pena de 3 años y medio a 2 años y 10 meses para el ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones Ana María Fernández.
En noviembre de 2014 falleció el gerenciador de Cromañón Omar Chabán, cuya condena a 10 años y 9 meses estaba firme. También están firmes las del ex subcomisario Carlos Díaz, y también la del manager de los músicos Diego Argañaraz.
Sin embargo, los músicos de Callejeros y los ex funcionarios del gobierno porteño apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y permanecen libres al menos hasta que se conozca el fallo del máximo tribunal. En el caso del baterista Eduardo Vázquez, la libertad no se hizo efectiva, porque está preso por el crimen de su mujer Wanda Taddei.
Para condenar a los músicos, el tribunal de Casación tuvo en cuenta la conducta de los integrantes de Callejeros, que, según ,consideraron los jueces, “excedió el ámbito de una expresión artística, violó deberes de cuidado exigibles y, así, expuso a los asistentes a un riesgo inaceptable, que obligaba a desarrollar el espectáculo en un espacio abierto y, ya iniciado el show –frente al evidente peligro que comportaba la situación– imponía el mandato de suspenderlo”.
En relación con los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires condenados, la Sala IV de la Cámara confirmó sus responsabilidades precisando que “contribuyeron al desenlace fatal al incumplir con sus obligaciones y no ejercer diligentemente el poder de policía que tenían delegado, a pesar de las repetidas e insistentes advertencias que habían recibido al respecto, omitiendo inspeccionar el local República Cromañón, y permitiendo de ese modo su sostenido funcionamiento irregular e inseguro”.
En cuanto a los empresarios detrás del negocio y la sobreventa de entradas, el Tribunal rechazó la impugnación de Raúl Alcides Villarreal (persona de confianza de Omar Chabán, ya fallecido) al considerar que “su conducta incrementó el riesgo de incendio peligroso para la vida al permitir el ingreso –por propia iniciativa– de una cantidad de público abrumadoramente superior a la permitida y eximiendo a muchos de los asistentes del cacheo tendiente a evitar el ingreso de pirotecnia”.
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